Sector Turismo pide a Presidencia observar proyecto de ley de Residuos Sólidos aprobado
De acuerdo a un comunicado, la pieza legislativa se aprobó “sin la debida profundidad técnica y análisis de impacto, alertando sobre los riesgos que esta reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal”.
También hizo manifiesta su inconformidad ante la inacción del Congreso frente los efecto adversos del sargazo y su impacto sobre el turismo, al no declarar a esta macroalga como residuo y no establecer la posibilidad de valorizarlo.
El sector destacó que las inversiones turísticas y hoteleras destinan recursos millonarios para mantener y preservar la costa frente a la llegada de toneladas de sargazo y que la normativa vigente, al no disponer al sargazo como residuo, no permite mecanismos para su disposición final.
Los gremios:
• Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores)
• Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana
• Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti)
• Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes)
• Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (Adecor)
• Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit)
• Asociación de Hoteles del Este (Asoleste)
• Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (Ashoresa)
• Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB)
• Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD)
• Asociación de Hoteles de Juan Dolio
• Asociación de Hoteles de Samaná (Ahetsa)
• Asociación Dominicana de Parques y Excursiones (Adopetur)
• Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte)
• Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (Promiches)
Reiteraron que tras haber realizado un análisis detallado del proyecto, advierten que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector, y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.
Entre las inquietudes más relevantes, señalaron que la nueva redacción limita la posibilidad de que las empresas, incluyendo los establecimientos turísticos, gestionen de forma directa o asociada la valorización de sus residuos, afectando su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales.
Igualmente, la imposición de la entrega obligatoria de residuos a gestores autorizados por los gobiernos locales restringe severamente la libertad de elección y operación de empresas que han hecho inversiones significativas en infraestructura propia para la gestión responsable de sus residuos.
Por otro lado, la obligación de establecer un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta de tratamiento por región crea el riesgo de concentrar el servicio en manos de pocos actores, promoviendo prácticas monopólicas y reduciendo la eficiencia del sistema.
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